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[an error occurred while processing this directive] Farmers Branch - Una coalición de 31 comerciantes de Farmers Branch interpuso hoy una demanda federal en contra de la ciudad de Farmers Branch, alegando que sus negocios han perdido dinero como resultado de una ordenanza que prohíbe rentar viviendas a personas indocumentadas.

La ordenanza 2892 entrará en vigor este viernes.

Arturo y Patricia Gonzalez, dueños de la Taquería Las Regias ubicada en Josey Lane llegaron a la corte federal de Dallas a las 9:00 a.m. acompañados de su abogado Forest Nelson y de activistas hispanos.

Nelson dijo que la demanda es la cuarta de una serie de demandas contra la ciudad que tienen la intención de detener la aplicación de la ordenanza aprobada por el cabildo el 13 de noviembre.

Ademas de esa ordenanza el concejo de Farmers Branch aprobó una resolucion que designa al ingles como el idioma oficial de la ciudad.

El lunes pasado el consejo de la ciudad determinó llevar la ordenanza 2892 a votación pública el 12 de mayo, pero mientras esa fecha llega la medida será aplicada.

Nelson dijo que la ordenanza viola los derechos civiles de sus clientes.

“Tienes derecho a poseer propiedades y tienen el derecho de mantener sus propiedades”, dijo.

La demanda de los comerciantes fue registrada en la oficina del secretarío federal del Distrito del Norte de Texas, donde el caso fue asignado a las 9:20 a.m. al Juez Federal A. Joe Fish.

Carlos Quintanilla, un activista hispano dijo que la demanda representa una coalición étnica de comerciantes hispanos, árabes, pakistanis, coreanos y vietnamitas.

“No dejaremos de presenter demandas hasta que deroguen esta ley”, dijo.

Previamente, Guillermo Ramos quien pretende postularse como candidato a concejal interpuso otra demanda alegando que la ciudad violó leyes de reuniones publicas de Texas, cuando tomó la determinacion de emitir las ordenanzas percibidas por grupos comunitarios como anti inmigrantes.

Luego, una asociación de propietarios de departamentos interpuso una segunda demanda por considerar que esta ordenanza los convertiría en agentes de inmigración. La tercera demanda fuer interpuesta por MALDEF y argumenta que la medida viola los derechos civiles de las personas.

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